Managua, 20 de noviembre del 2018

Con la justicia trancada, cómo piden que se levanten los tranques


Con la justicia trancada, cómo piden que se levanten los tranques
Foto tomada de El Nuevo Diario.

Antes de poner condiciones para volver a la mesa del diálogo, lo mínimo que debería hacer el gobierno es presentar los expedientes con la lista de los encarcelados, acusados y enjuiciados por la muerte de 78 estudiantes y civiles, durante las protestas contra el gobierno del Presidente Daniel Ortega.

En ese retorno a la mesa de diálogo deberían de ser parte de la delegación de gobierno, los jefes de la policía nacional, del Ministerio Público y magistrados del Poder Judicial, para mostrar el avance en cada uno de los casos, porque detrás de cada muerte, hay un inmenso vació, dolor, desconsuelo, impotencia y sed de justicia.

Ha pasado más de un mes de los días más sangrientos de abril, en que cayeron la mayoría de 78 universitarios y civiles en las protestas contra el gobierno y aún las autoridades del sistema judicial no han judicializado los casos.

Por el contrario, los familiares de los caídos, han sido revictimizados por el sistema de justicia, en primer lugar porque muchos, ni siquiera han recibido el dictamen médico legal, con la verdadera causa de muerte para poder solicitar el certificado de defunción.

En medio del sufrimiento y sin poder vivir su duelo, han tenido que llegar una y otra vez a la policía y a la fiscalía donde se les ha negado el acceso a las investigaciones y expedientes, a que tienen derecho como la parte principal en el proceso investigativo.

Los familiares del periodista Ángel Gahona, por ejemplo, cuyo crimen ocurrió en medio de una cobertura periodística en Bluefields, han tenido que viajar a Managua, porque el caso fue sustraído del juez competente, para denunciar que los dos jóvenes acusados son chivos expiatorios porque no son los verdaderos autores.

Los familiares del joven Carlos Alberto Bonilla, tuvieron que buscar los certificados de nacimiento y recurrir a los derechos humanos, para demostrar la maternidad y paternidad de su hijo muerto y denunciar a la “madre impostora”, que afirmaba que su hijo estaba vivo.

Y aunque, la usurpación de identidad es un delito, las autoridades no han hecho nada frente a un delito realizado públicamente. Mientras tanto, el gobierno ha expresado que mantiene tres puntos para volver al diálogo: 1 (eliminar todos los tranques, 2) no a la violencia en todas sus formas y 3) asegurar al derecho al trabajo.

Para demostrar que existe un verdadero interés en el diálogo el gobierno debe comenzar por lo más importante hacer justicia con la familiares de los muertos.

Hay que recordar que las partes en el diálogo, incluyendo la delegación del gobierno acogieron como propias las 15 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que incluye hacer justicia.

De la mesa del diálogo podría salir una propuesta para conformar una comisión nacional de la verdad  de los crímenes de abril, donde participen representantes del sistema de justicia, los organismos de derechos humanos y especialistas en derecho penal, medicina legal y balística, escogidos por los estudiantes, la sociedad civil y los empresarios.


De lo contrario, mientras la justicia siga trancada, los tranques seguirán siendo la única forma de exigir justicia, expresar el dolor y acompañar en su indescriptible sufrimiento a los familiares de los jóvenes muertos a quienes se les ha cercenado el derecho a vivir su duelo.  



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